¿Una persona puede acogerse a la Ley de Segunda Oportunidad si tiene antecedentes penales? Esta es una de las preguntas más frecuentes que se plantean en Libertad Sin Deudas los empresarios y particulares que desean acogerse al mecanismo de segunda oportunidad.
¿Se puede acceder a la Segunda Oportunidad si se ha cometido un delito?
Para acceder a la cancelación de las deudas en base a la aplicación de la Ley de Segunda Oportunidad hay que cumplir una serie de requisitos, entre los que destaca que el deudor no debe haber sido condenado en sentencia firme por delitos contra el patrimonio, contra el orden socioeconómico, contra la Hacienda Pública, contra la Seguridad Social o contra los trabajadores en los diez años anteriores a la declaración del concurso.
Como consecuencia de lo anterior, el deudor deberá demostrar que es un deudor de buena fe y para ello deberá aportar un certificado de antecedentes penales que demuestre que no ha sido condenado por ninguno de los delitos descritos anteriormente en los diez años anteriores. A continuación, veremos en detalle los delitos que impiden el acceso a la Segunda Oportunidad.
Delitos contra el orden socioeconómico y contra el patrimonio
Los delitos contra el patrimonio son aquellos que tienen como fin menoscabar bienes o derechos de un particular o de una persona jurídica o institución pública, con ánimo de lucro, ya sea propio o de un tercero.
Los delitos contra el patrimonio más habituales son: el hurto, el robo, la estafa, las defraudaciones, la apropiación indebida, el alzamiento de bienes o los daños, ya sean dolosos o cometidos por imprudencia. En los casos de un deudor con insolvencia es preciso considerar que ocultar bienes frente a los acreedores puede considerarse un delito de alzamiento de bienes, si se cumplen determinados requisitos.
Los delitos contra el orden socioeconómico son aquellos que vulneran intereses globales o colectivos. Se consideran delitos contra el orden socioeconómico los delitos contra la propiedad intelectual e industrial, los delitos contra los criterios de fijación de precios de libre mercado o los delitos contra la Hacienda Pública, entre otros.
¿Qué es un delito de falsedad documental?
El delito de falsedad documental consiste en una alteración, modificación o falsificación de un documento. Se trata de un delito que en muchas ocasiones va a necesitar la intervención de un perito caligráfico para determinar su existencia.
Por ejemplo, se pueden dar varios casos de falsedad documental en una empresa. En primer lugar, cuando una empresa firma contratos de trabajo falsos con empleados para que se beneficien de prestaciones de desempleo y obtengan el permiso de residencia. También se puede alterar una factura para intentar que el banco anticipe el importe. Puede ocurrir también que los directivos de una empresa decidan alterar actas de las juntas para incluir manifestaciones que no son ciertas y hacer creer a los accionistas que la situación de la empresa es mejor de lo que es.
Delitos contra la Hacienda Pública o la Seguridad Social
Los delitos contra la Hacienda Pública (estatal, autonómica, foral o local) son aquellos que se cometen cuando se realizan acciones para eludir el pago de tributos, no pagar impuestos u obtener indebidamente devoluciones o disfrutar de beneficios fiscales que no corresponden.
Para qué se considere que existe un delito contra la Hacienda Pública la cantidad defraudada debe exceder de 120.000 euros.
Por ejemplo, se puede cometer un delito contra la Hacienda Pública cuando no se paga algún impuesto, como el Impuesto sobre Sociedades o no se ingresan en Hacienda las cantidades retenidas en concepto de IRPF, etc.
Por otro lado, el delito de fraude a la Seguridad Social castiga a aquella persona que por acción u omisión defraudan a la Seguridad Social eludiendo el pago de las cuotas u obteniendo indebidamente devoluciones de las mismas o disfrutando de deducciones de forma indebida, siempre que la cuota defraudada sea superior a 50.000 euros. Por ejemplo, si se supera esa cifra y no se pagan las cotizaciones a la Seguridad Social se puede estar cometiendo este tipo de delito.
Delitos contra los derechos de los trabajadores
Los delitos contra los derechos de los trabajadores consisten en acciones que pueden cometer las personas jurídicas y que perjudican, eliminan o restringen los derechos legalmente regulados de los trabajadores. Por ejemplo, puede tratarse de una infracción de las normas de seguridad o del uso de violencia o intimidación.
Como consecuencia de lo anterior, en el caso en que en el certificado de antecedentes penales figure alguno de los delitos detallados anteriormente, la persona no podrá acceder a la cancelación de sus deudas por aplicación de la Ley de Segunda Oportunidad. Sin embargo, siempre es aconsejable contar con la ayuda de un abogado experto en la Ley de Segunda Oportunidad que asesore sobre aspectos como la prescripción de los delitos o la existencia de antecedentes penales relativos a otros delitos.
Los interesados pueden consultar el canal de YouTube de Libertad Sin Deudas, donde encontrarán una entrevista completa sobre la Ley de la Segunda Oportunidad y donde resuelven las dudas más habituales.